ESPIAS LINGUISTICOS Y ACOSO A LOS CASTELLANO PARLANTES DE CATALUÑA

“El nuevo Código de Consumo del tripartito endurece el acoso a los castellanohablantes”.

Pues si, es un autentico y verdadero acoso. Siento tener que meterme en medio de Joan Planes, cuyo articulo del 19 de Febrero no tiene desperdicio.

Cataluña obliga a delatar a quien no rotule en catalán

19 Febrero 10 - Joan Planes

                                                        

Yo no voy a “delatar” a nadie, y el termino me parece una regresión a la infancia , la chunga que nos toco vivir mientras la propia burguesía catalana no hablaba su propio idioma por considerarlo “ordinario y vulgar”, cuando ellos mismos lo han reivindicado años mas tarde hasta la saciedad, como si del patrimonio textil se tratara.

 

“Hasta ahora, las denuncias por no rotular en catalán eran un derecho. Ahora serán una obligación.”

¿Una obligación? Vamos anda ya…la madre que parió a Panete. ¿Estoy obligada a denunciar? Y si no lo hago, que pasa? .Colmado Pepe, el de toda la vida, ahora tiene que ser “les quevuires d en Pep? Y si no lo digo estaré incurriendo en algún tipo de delito?

Barcelona - El tripartito catalán está ultimando el proyecto de Ley del Código de Consumo. Tiene la luz verde del Parlamento y contiene numerosos artículos y cláusulas que permiten las multas a los comercios que no rotulen en catalán. Todos los documentos, incluyendo contratos tipo, folletos de información y carteles en las tiendas, tienen que estar, como mínimo, en este idioma.

LA RAZÓN ha informado puntualmente sobre esta normativa, pero este diario supo ayer de la existencia de dos artículos que obligan a los ciudadanos a denunciar a los comercios que no rotulen en catalán.

«Espías lingüísticos»

Concretamente, el artículo 311.5 de esta normativa, titulado «Cooperación de las personas consumidoras», estipula que éstas «tienen el derecho y el deber de cooperar, de forma individual o mediante las organizaciones que las representan, con las administraciones públicas encargadas de velar por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de las personas consumidoras».

El segundo punto de este artículo lo deja muy claro. Indica que «el medio principal de cooperación es la denuncia». Hasta hace poco, todas las delaciones eran anónimas e iban a parar a la Agencia Catalana de Consumo, dependiente de la Consejería de Economía. No obstante, el presidente de la entidad independentista Catalunya Acció, Santiago Espot, presumió de haber interpuesto 3.000 denuncias por asuntos lingüísticos. Este «espía lingüístico» se vanaglorió de estar amparado por la ley.

El artículo 311.6 del nuevo Código de Consumo de Cataluña establece que «las personas consumidoras, de forma individual o mediante las organizaciones que las representan tienen el derecho de formular y presentar denuncias a los organismos administrativos competentes en materia de consumo».

En definitiva, la Generalitat está endureciendo su política lingüística. El anterior y aún vigente Código de Consumo catalán no establece que se deba denunciar cualquier infracción de la Ley de Política Lingüística catalana. Ahora denunciar no será únicamente un deber, sino una obligación.

Según las diferentes normativas aprobadas por la Generalitat, cada vez resulta más caro para los comerciantes no rotular en catalán. El problema es que la Agencia Catalana de Consumo tiene como objetivo, casi en exclusiva, a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo a las primeras. Ya son muchos los comerciantes irritados por haber sido multados con 1.200 euros por el simple motivo de no tener folletos de información en catalán o por tener carteles en sus tiendas con la leyenda «todo a 10 euros», por poner un ejemplo.

El origen de la Ley de Política Lingüística data de 1998. Con mayoría absoluta, CiU la aprobó sin problemas. Con la llegada del tripartito no sólo no cambió nada, sino que se endureció todo. La citada normativa no se aplicó hasta 2002, año en el que hubo dos sanciones. Según datos facilitados por el Parlamento catalán, en 2008 se impusieron 209 multas. Un incremento récord en sólo seis años. El diputado del Grupo Mixto José Domingo avanzó ayer a este diario que el próximo miércoles preguntará al tripartito cuántas sanciones hubo en 2009. Podrían ser más de 300.

El Grupo Mixto y el PP presentaron una enmienda a la totalidad contra el nuevo Código de Consumo, pero la normativa cuenta con el apoyo del tripartito y CiU.

Este endurecimiento de la política lingüística ha provocado que, por primera vez, asociaciones cívicas y partidos formen una plataforma a favor del bilingüismo. Se llama «Coordinadora por la libertad en Cataluña» y hace unas semanas hicieron una manifestación contra las multas lingüísticas.

Las dos normativas polémicas

- La primera ley de la discordia se aprobó en 1998. Está aún vigente y se llama Ley de Política Lingüística. Fue aprobada por CiU y seguida sin complejos por el tripartito, especialmente por ERC, que controla los ámbitos lingüísticos de la Generalitat.

- Hasta ahora, esta ley permitía multar a los comercios con 3.000 euros las infracciones leves, que son no tener carteles en catalán o no tener folletos de información o contratos tipo en este idioma.

- No obstante, el tripartito ultima ahora la Ley del Código de Consumo de Cataluña, que permitirá multar con hasta 10.000 euros las mismas infracciones leves.

- Esta nueva normativa blinda para los consumidores el uso del catalán e incluso del aranés, pero en todo su articulado no aparecen las palabras «castellano» o «español».

- Establece que los camareros deben atender a los clientes en el idioma que éstos quieran.

- Finalmente, incluye, por primera vez en Cataluña, el «deber» de denunciar a los comercios que incumplan todas estas normativas.